El art. II-98 de la nueva Constitución Europea establece que en las políticas de la Unión se garantizará un elevado nivel de protección de los consumidores, misión que compartirán las instituciones comunitarias y las correspondientes de cada país miembro. Dicha tutela se orienta en una doble dirección: la protección de la salud humana y el logro de una adecuada transparencia en el mercado interior. Se trata, por tanto, de un problema de primer rango para nuestra comunidad y, por ello, es objeto de protección en los distintos Códigos Penales europeos. El presente volumen recoge los trabajos elaborados por un grupo de penalistas del viejo continente que se han especializado en el análisis de los problemas dogmáticos y politicocriminales que plantean los delitos relativos a los consumidores, desde cuestiones relativas a la seguridad alimentaria hasta la moderna concepción del accionista como consumidor de productos financieros, pasando por la publicidad engañosa o la responsabilidad por el producto.
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