La polémica doctrinal inicial que generó la introducción de la ley orgánica en nuestro ordenamiento ha evolucionado hasta una relativa indiferencia por los problemas que plantea esta categoría normativa. Sin embargo, no es un tema que pueda darse hoy por zanjado, puesto que tratar con parámetros jurídicos comunes, como ha venido haciendo la jurisprudencia constitucional, tipos normativos muy distintos, que sólo comparten un nomen, sigue desencadenando consecuencias perturbadoras para el ordenamiento y el sistema de fuentes.
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