El concurso de acreedores es posiblemente una de las instituciones de nuestro ordenamiento jurídico que ha sido objeto de más estudios y desde perspectivas más diversas, ya que las implicaciones de la maquinaria concursal rebasan lo jurídico, lo económico e incluso lo sociológico.
Centrándonos en el punto de vista jurídico procesal no cabe duda de que se trata de un proceso, entendiendo por tal y siguiendo a GUASP: (Una) Serie o sucesión de actos que tienden a la actuación de una pretensión fundada mediante la intervención de órganos del Estado instituidos especialmente para ello. Desde esa óptica jurídico-procesal podemos definir el concurso de acreedores como un cauce procesal de carácter universal que permite al deudor acudir al mismo a fin de satisfacer los créditos de sus distintos acreedores y al mismo tiempo permite que un acreedor solicite idéntica tutela respecto de un deudor en estado generalizado de insolvencia.
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